Unos  ocho millones de líneas de telefonía móvil podrían dejar de estar activas desde el próximo nueve de noviembre si sus usuarios no cumplen con la normativa establecida por la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas la cual obliga a los usuarios de tarjetas prepago en telefonía móvil a facilitar sus datos personales a la operadora correspondiente.

El 9 de noviembre de 2007 entró en vigor la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas que fijaba un plazo de dos años para que el usuario comunique a la operadora que le ofrece servicios de telefonía sus datos personales. La ley es clara en este sentido y señala que transcurrido el aludido plazo de dos años, los operadores vendrán obligados a anular o a desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido cumplir con las obligaciones de inscripción.

Durante el pasado mes marzo el propio Ministerio del Interior lanzó una camapaña, bajo el lema “¡Identifícate!”, para que los usuarios de telefonía prepago pudieran acercase a los puntos de venta de teléfonos móviles para que pudieran aportar sus datos personales, presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o tarjeta de residencia.