Red SOStenible, plataforma que agrupa a asociaciones de internautas, colectivos de ciudadanos, empresarios y juristas, ha enviado una carta a diferentes organismos e instituciones expresando su disconformidad con el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 8 de enero de 2010, en el que se incluye una serie de modificaciones legales que permiten bloquear los sitios en la red de intercambios P2P no autorizados.

Red SOStenible informa en una nota que el próximo 3 de febrero se trasladarán a la ciudad de Bruselas donde serán recibidos por Comisión de Cultura y Educación de la Unión Europea y donde las expondrán el rechazo con la llamada ley “piratería” en la red, contenidas en la disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Red SOStenible considera que la ley prioriza los intereses de la Coalición de Creadores cuyo objetivo, subrayan desde Red SOStenible, es impidir que la justicia tenga las garantías necesarias para juzgar si alguien está violando la propiedad intelectual o no.

Red SOStenible igualmente manifiesta su malestar porque la subcomisión parlamentaria, encargada de tramitar la ley, no va a recibir a nunguna de las asociaciones que han que represente a los usuarios que utilizan Internet.

La Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura tramitará el procedimiento administrativo

Será la Comsisón de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura quien tenga las competencia, dentro del procedimiento administrativo inicial, de tramitar las advertencia y denuncias a las web que que faciliten la descarga no autorizada de contenidos protegidos. De persistir las conductas denunciadas por la Comsisón de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura se pasará a la fase judicial cuya competencia recae en el juzgado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Por último la ley establece que serán un plazo de cuatro días el tiempo máximo para decretar el cierre cautelar.

Trámite

A partir de la aprobación del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Minsitros, se envía a diferentes órganos consultivos del Estado y posteriormente al Parlamento para su discursión y tramitación. Es un proceso que puede durar meses.